La Junta de Comunidades publicó el mes pasado en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha la Ley 3/2012, de 10 de mayo, de autoridad del profesorado, un nuevo marco legal que entrará en vigor el próximo mes de junio y que tiene como finalidad proteger a los docentes y «elevar su prestigio social y laboral»
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La ley reconoce como autoridad pública a los directores, miembros del equipo directivo y profesores de los centros públicos, concertados y privados, «gozando todos ellos del principio de presunción de veracidad en sus declaraciones escritas respecto de los hechos con trascendencia disciplinaria, así como de la protección reconocida por el ordenamiento jurídico».
La normativa quiere dar respuesta a la «devaluación de la profesión de profesor por parte de algunos alumnos, padres y otros miembros de la comunidad educativa», y combatir la «desprotección legal de los docentes ante el acoso».
Para muchos «no llega en el momento más adecuado por los recortes y por todo lo que está pasando en el ámbito educativo de aumento de ratios, eliminación de recursos, situación laboral de los docentes y merma de la calidad de la enseñanza».
Pese a todo, conviene recordar que la consideración del profesor como autoridad pública ha sido «una reivindicación histórica» «no se trata de poner la gorra de policía a nadie» sino de poner en valor la labor de los docentes en el ejercicio de sus funciones, algo que beneficiará a todo el conjunto de la comunidad educativa.
La normativa regional también recoge la responsabilidad de los alumnos que provoquen daños intencionados en las instalaciones o el material del centro, acoso a otros compañeros, o incluso faltas de respeto a cualquier integrante de la comunidad educativa.
Según un informe del equipo de apoyo a la convivencia escolar de la Junta, perteneciente al curso 2009/2010, en la provincia de Albacete hubo 18 consultas, dos de ellas por violencia verbal.
Os dejamos un enlace con el documento: